ENTREVISTA JOSÉ MARÍA BENEYTO Presidente del Instituto de Gobernanza y Sociedad
José María Beneyto (Valencia, 1956) preside el Instituto de Gobernanza y Sociedad (IGS). Fundó esta asociación sin ánimo de lucro hace año y
medio para contribuir a la mejora de las prácticas de gobierno en la gran empresa española y tiene claro que para evitar que se vuelvan a producir nuevos escándalos como el caso Villarejo es necesario “huir de la figura del presidente omnipotente”.
El propósito del IGS es que los equipos gestores de las empresas miren más allá del cortoplacismo y se comprometan con cuestiones de largo alcance que estén alineadas con las necesidades de la sociedad en su sentido más
amplio, contribuyendo así a una mejor marcha de la economía. Le acompañan en la asociación una treintena de socios, todos ellos “profesionales de primer nivel”, entre los que figuran nombres tan
destacados como Jordi Gual, presidente de CaixaBank; Isabel Tocino, vicepresidenta de Santander España y exministra de Medio Ambiente; o
Juan María Nin, presidente de Itínere y Bain Capital, entre muchos otros.
Todos ellos coinciden en que mejorar el gobierno corporativo es “lo más importante” en la actualidad. Para Beneyto, en cuyo amplio currículum figura una cátedra en Derecho, ser profesor visitante en Harvard y su etapa como diputado en el Congreso de los Diputados, la calificación que obtiene la gobernanza en la empresa española en la actualidad es de notable alto gracias al “buen trabajo” que ha desempeñado la CNMV durante los últimos
20 años.
Letra y espíritu
“Pero hace falta pasar de la letra al espíritu para que las normas de gobierno corporativo se conviertan en convicciones y modos de actuar. No se trata sólo de un lavado de cara”, expone. En su opinión, habría que
poner el foco en acabar con la figura del presidente ejecutivo en pos de un mayor equilibrio de poder en la cúpula de las compañías y evitar así que
se vuelvan a producir las malas prácticas que llevaron a algunas de las empresas más importantes del país a contratar los servicios del comisario
José Manuel Villarejo, ya jubilado y en prisión preventiva, para realizar una serie de trabajos que son, cuando menos, poco éticos. “Un buen consejo de administración debería haber tenido la capacidad de impedirlo”, dice al respecto.