La ética, más allá y antes de las buenas prácticas
La crisis económica mundial que se desencadenó en 2009, hace ya una década, ha tenido entre sus consecuencias de mayor calado una pérdida de confianza en las instituciones y las empresas, al tiempo que la propia sociedad está cambiando en la consideración de los valores que deben ser
fundamentales para la convivencia. Es un momento en el que valores, ética,
transparencia, sostenibilidad, compliance… , han adquirido un protagonismo crucial en la sociedad, de manera que todos los sectores deberían deser conscientes de adaptarse ala nueva época.
El cumplimiento de la legalidad y el mayor rigor regulatorio, así como la progresiva expansión de las responsabilidades de cumplimiento de las empresas, son tan solo una cara de la moneda. En realidad, se está
pidiendo mucho más de los directivos y las empresas.Se está exigiendo sacarla ética de los estrechos muros de la moralidad para otorgarle un ámbito más amplio, porque se ha llegado a la convicción creciente de que una empresa sin ética no es sostenible ni rentable. La consecuencia es que los directivos deben reflexionar sobre el carácter ético de sus conductas profesionales y en el impacto de sus decisiones en el conjunto de
la sociedad.
Son diferentes niveles de actuación los que están siendo demandados, y el problema en este momento es lograr definirlos adecuadamente e integrarlos dentro de una estrategia de empresa que trascienda los
estrechos márgenes de la teoría del agente y el principal entre los que se ha movido hasta ahora la reflexión sobre el Gobierno
corporativo, sin a la vez menoscabar el objetivo de rentabilidad. Solo la ética puede sin embargo facilitar una visión omnicomprensiva de intereses, finalidades y procesos, conjugando la dimensión interna y externa empresarial.
Compliance no basta: ¿cuáles son las responsabilidades reales de la empresa respeto de la sociedad?
Un primer nivel es el de la legalidad establecida y la compliance. Los fraudes fiscales, la corrupción, las políticas lesivas contra el medioambiente, los abusos en la competencia o los fraudes en la calidad de los productos suponen un atentado a la confianza en las empresas. Como lo hacen también -segundo- las conductas de dudosa utilización
o abuso del poder interno y los recursos de las empresas en beneficio propio (“patologías del poder”), la falta de integridad, la existencia de
conflictos de intereses, o los déficits de información, confidencialidad y transparencia. En tercer lugar, existen normas de respeto de
los derechos humanos y normas éticas respecto al personal basadas en el respeto, la igualdad, la diversidad, empleabilidad y conciliación en el seno de las empresas. Y por último, una cuarta dimensión, cada vez más en
primera línea, los requisitos de sostenibilidad social y medioambiental.
Es interesante cómo el debate actual está teniendo lugar desde perspectivas y terminologías distintas, pero cada vez cristaliza de forma más clara una doble convicción.Porun lado, laconciencia de que el deterioro ético y la pérdida de confianza en las empresas y los directivos ayudan a generar
sentimientos contrarios a la lógica de la economía de mercado y la libre competencia, actuando de manera que en muchas ocasiones es altamente contraproducente frente a los objetivos de rentabilidad. De otro lado, la idea de que la responsabilidad de las empresas respecto a sus stakeholders, su entorno, pero también respecto a la sociedad en su sentido más amplio, e incluso las grandes cuestiones sociales y políticas, es mucho más extensa de
lo que los moldes tradicionales de la gobernanza corporativa o la responsabilidad social han venido marcando.
Stakeholders, accionistas activistas, responsabilidades públicas.
Voy a señalar únicamente varios documentos y textos legislativos recientes de ámbitos distintos que me parecen particularmente representativos de este cambio de conciencia general respecto a la responsabilidad de las
empresas. El primero es un documento de referencia global, los “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, en la versión de 2016
de un texto precursor que fue inicialmente publicado en 1999. A pesar de constituir un consenso de mínimos con ambición universal,
y de definir estrechamente el Gobierno corporativo con los objetivos de “ayudar a aumentar la confianza de los inversores nacionales, reducir el coste del capital, mejorar el buen funcionamiento de los mercados de capitales y atraer fuentes de financiación más estables” (p. 10), la OCDE no
puede por menos de fijar, entre las responsabilidades del Consejo de
Administración, además de rendir cuentas a la empresa y a sus accionistas, y actuar en interés de los mismos, abordar también con imparcialidad “los intereses de otros actores, incluidos trabajadores, acreedores, clientes,
proveedores y comunidades locales, revistiendo especial importancia cumplir la normativa medioambiental y social”(p.52).Es una línea que tiene actualmente un punto de inflexión con la a actual Ley de información no
financiera y diversidad, que entró en vigor a finales del año pasado.